En el centro de la controversia está la dependencia del Gobierno de la distinción entre animales domesticados y no domesticados para justificar la restrictiva lista positiva. Los funcionarios buscaron respaldo de un experto en domesticación de la Utrecht University, solicitando evidencia científica que apoyara su afirmación de que los animales domesticados presentan menos riesgos que sus contrapartes salvajes.

Sin embargo, las conclusiones de la experta no respaldaron la narrativa gubernamental. En la correspondencia revisada por Stichting Animalia, la especialista advirtió que la domesticación no reduce automáticamente la probabilidad de lesiones causadas por animales. Señaló que una socialización deficiente en animales domesticados, como los perros, puede derivar en comportamientos agresivos o temerosos.

“La domesticación por sí sola no es una garantía de seguridad”, escribió la experta, aludiendo a miles de incidentes anuales relacionados con mordeduras y ataques de mascotas. En lugar de revisar sus supuestos, los funcionarios desestimaron sus aportaciones y optaron por buscar evidencias alternativas que reforzaran su postura, llegando incluso a citar estudios sobre gallinas, de escasa relevancia para el comportamiento de los mamíferos.

“El enfoque del Gobierno fue seleccionar estudios que se ajustaran a su agenda e ignorar los que no”, declaró Sebastiaan Scheffer. “Se trata de un uso vergonzoso de la evidencia que no puede considerarse científicamente sólido”.